Surinam: Nuevo estandar internacional sobre el derecho de consulta, consentimiento y acceso a recursos naturales

Estimad@s amig@s,

 

Para su informacion, en caso no la tengan, les adjunto la sentencia de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del pueblo Saramaka contra Surinam mediante la cual ha establecido un nuevo estandar sobre derechos territoriales y de acceso a los recursos naturales, asi como sobre el derecho de participacion, consulta y consentimiento de los pueblos indigenas y tribales (PIyT) respecto de los planes de inversion y desarrollo en sus territorios, asi como respecto de las concesiones para actividades de exploracion o explotacion de recursos naturales en sus territorios.

 

En su sentencia, la Corte integra los avances de su propia jurisprudencia, los contenidos del Convenio 169 y la reciente Declaracion de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indigenas.

 

La Corte establece que antes de dar concesiones que en la practica van a restringir de algun modo los derechos territoriales o el modo de vida de los pueblos, los estados estan obligados a asegurar 3 garantias:

 

1. La participacion efectiva de los PIyT en los planes de inversion o desarrollo

2. Beneficios razonables para los PIyT

3. Estudios de impacto ambiental y social tecnicos e independientes.

 

En una interpretacion progresiva, la Corte analiza los derechos de participacion efectiva desde los planes de inversion o desarrollo, el derecho de consulta previa, como un proceso comunicativo continuo, y el derecho al consentimiento previo, libre e informado, como salvaguardas necesarias que los estados estan obligados a cumplir antes de cualquier concesion. 

 

La Corte establece que, por ejemplo, en los casos de planes de desarrollo o inversion de gran escala (megaproyectos),  el Estado no solo esta obligado a la consulta sino a obtener el consentimiento libre, informado y previo.

 

Sin duda que esta sentencia de la Corte, a cuya jurisdiccion estan sometidos los estados, da las pautas de por donde deberian ir las politicas publicas, la legislacion y la jurisprudencia nacional en estas materias.

 

Un saludo,

Raquel Yrigoyen Fajardo

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