Red Indígena de Territorio y Biodiversidad

Wednesday, February 13, 2008

Guatemala: XXXIV Conferencia de CITI 3-6 Abril, 2008

CONSEJO INTERNACIONAL DE TRATADOS INDIOS

 

Carta convocatoria a la 34ª Conferencia Internacional

 

Guatemala, 3 al 6 de Abril 2008

 

Nim Roqb'al ib', Nim Chomanik pa Ixim Ulew

 

Ri K'almaltaq B'e rech Ch'aqaptaq Ja' Tinamit

 

Lajuj Noj-Oxlajuj Ajpu

 

 

 

Estimados amigos, compañeros y hermanos de:

Organizaciones, Instituciones y autoridades de Pueblos Indígenas; Organizaciones de la sociedad civil Agencias Gubernamentales e Intergubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales.

 

 

 

Reciban nuestro saludo fraternal a nombre del Consejo Internacional de Tratados Indios -sección Guatemala- y de todas las organizaciones convocantes. Les deseamos muchos éxitos en sus múltiples actividades en pro de la Defensa de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos Indígenas con el fin de seguir construyendo las sociedades y Estados pluriculturales, plurilingües y verdaderamente democráticos.

 

 

 

Les escribimos la presente con el objetivo de compartir con ustedes que el Consejo Internacional de Tratados Indios –CITI- celebrará su 34º Conferencia Internacional en la ciudad de Chimaltenango, Guatemala, del 3 al 6 de Abril del 2008, para lo cual les invitamos cordialmente para que nos acompañen y participen en tan importante actividad. Estaremos informando de la dirección exacta donde se llevará a cabo la misma.

 

 

 

Tomando en consideración el desafío que tenemos los Pueblos Indígenas en la coyuntura internacional actual, hemos considerado importante tratar algunos temas estratégicos en el plano nacional e internacional y son:

 

·

 

·        Las Declaraciones sobre de Derechos de los Pueblos Indígenas

de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

 

·        Las Naciones Indígenas y los derechos de los tratados,

arreglos o acuerdos.

 

·        Respuestas y acciones frente a los cambios climáticos.

 

·        Racismo ambiental y la contaminación tóxica en las Tierras y

Territorios indígenas.

 

·        La Juventud Indígena.

 

·        Impactos de la Minería y Extracción de Recursos Naturales.

 

·        Soberanía y Seguridad Alimentaria en los Pueblos Indígenas.

 

·        Uso del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de

los Estados Americanos para el monitoreo de aquellos países responsables de violación a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

 

·        Derechos Culturales y Protección de los Lugares Sagrados.

 

·        Otro temas importantes.

 

 

 

Los temas planteados son algunos de los de carácter estratégico para el que hacer del movimiento indígena y con los que el CITI ha aportado en las diversas instancias nacionales e internacionales durante 30 años, cuya misión es el de promover y defender los derechos históricos de los Pueblos Indígenas. En este marco se ubica el seguimiento y trabajo intenso desarrollado en los distintos ámbitos de Naciones Unidas, la OEA, así como al interior de los países miembros del CITI, con relación al debate y a la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que finalmente fue adoptado el 13 de Septiembre pasado.

 

 

 

Estimados amigos: la reunión a la que estamos convocando tiene entre otros, los objetivos siguientes:

 

1.      Realizar una evaluación de los avances de las demandas de los

Pueblos Indígenas en cada tema planteado;

 

 

 

2.      Revisar las estrategias internacionales del movimiento

indígena, con miras a replantear o reforzar y continuar trabajando en el proceso en los diversos escenarios de participación indígena;

 

 

 

3.      Desarrollar un plan de trabajo internacional y nacional con

miras al cumplimiento y seguimiento a la Declaración de Naciones Unidas, responsabilidad que recae no sólo en los gobiernos sino también en los Pueblos Indígenas.

 

 

 

4.      Revisar, consolidar y definir estrategias del Consejo

Internacional de Tratados Indios –CITI internacional -y al CITI-Guatemala de cara a los próximos años.

 

 

 

El CITI-Guatemala espera contar con la participación más diversa y plural de representantes y autoridades de los Pueblos Indígenas procedentes de los países miembros del CITI, pero también de todos aquellos países que tienen el gran interés de intercambiar estrategias, planes, programas, visiones y metas para continuar con el objetivo desafiante de cambiar la situación de racismo, discriminación, opresión, marginación, explotación e imposición que sufrimos los PI en la actualidad. Aunque existen ciertos avances en materia de derecho interno e internacional, éstos no son aún suficientes, pues en la práctica los Pueblos siguen enfrentando una situación difícil y de sobrevivencia como tales.

 

 

 

Cabe recordar que CITI-Guatemala con la participación de diversas organizaciones mayas, convocó a la Conferencia Internacional del CITI que se realizó del 5 al 9 de julio del año 2000, en la ciudad de Quetzaltenango, en la que participaron más de 1,000 delegados procedentes de diversos países. Otra actividad importante es la realización del "Primer encuentro Latinoamericano sobre Producción y Comercio de los Pueblos Indígenas", en Panajachel, Sololá, del 13 al

15 de junio de 2001. Del 17 al 19 de Abril de 2002 se desarrolló el encuentro internacional denominado "Pueblos Indígenas y el Derecho a la Alimentación: Una consulta Global". En todas actividades se alcanzaron acuerdos internacionales y regionales entre los participantes, que han servido como plataforma para impulsar luchas nacionales e internacionales y que tienen vigencia en la actualidad.

 

Amigas y amigos: en próxima comunicación estaremos enviando información ampliada de los resultados que queremos alcanzar, de la metodología a seguir para los trabajos de la conferencia, la agenda, el calendario y la hoja de inscripción, con el fin de tener una coordinación con éxito. Para cualquier comunicación relacionada a la conferencia pueden escribir a: Email:

Conferencia2008@treatycouncil.org, así como a Francisco Cali 502-5722-8480 francisco@treatycoucnil.org ó franciscocali@hotmail.com Andrea Carmen: 1-907-745-4482 andrea@treatycouncil.org, Alberto

Saldamando: 1-415-641-4482 alberto@treatycouncil.org, Vea el sitio de Internet de CITI: www.treatycounciI.org.

 

 

 

Esperamos contar con su presencia en esta 34ª Conferencia Internacional y como en anteriores oportunidades, el CITI hace de su conocimiento que no cuenta con los recursos económicos para sufragar los gastos de pasaje o boletos aéreos, así como los gastos de visa; la Organización se hará cargo de los gastos de hospedaje y alimentación durante los días del evento. Tenemos la esperanza de que harán las gestiones necesarias para estar en nuestra querida Guatemala.

 

 

 

Agradecemos su atención a la presente convocatoria y les auguramos muchos éxitos en sus trabajos.

 

 

 

Fraternalmente

 

 

 

FIRMANTES

 

 

 

 

 

CITI Guatemala, CEPRODI, Oxlajuj Ajpop de los Ajq'ijab', Defensoría Maya, Asociación Sotzil, CPD, Tzu Kim Pop, Sakbe, Fundación el Adelanto, Movimiento Político Xelju, Fundación Cholsamaj, FUNDADESE,

 

 

       Iguah

    Iguaibiliguiña Hedman

     Coordinador General

Movimiento Juventud Kuna (MJK)

     www.iguah.galeon.com

 

 

Friday, February 08, 2008

Nicaragua: Ante proyecto de ley de las zonas costeras

Divulgación URACCAN. Bluefields, 31 de enero de 2008

 

Costeños demandan mayor discusión del ante proyecto de ley de las zonas costeras. URACCAN promueve discusión en las regiones autónomas.

Debe prevalecer en primera instancia el estatuto de autonomía. El estado es soberano para regular las Costas… pero no para apropiarse de ellas.

 

Con la participación de las autoridades del Concejo Regional, líderes comunitarios indígenas, miembros de la comisión de población y desarrollo de la asamblea nacional, INPESCA, MARENA y URACCAN, se realiza en Bluefields la consulta del anteproyecto de ley de las zonas costeras nicaragüenses que pretende regular el uso, usufructo y explotación de las zonas costeras del país.

 

El primer día de discusión contempló la demanda de las autoridades regionales de ampliar esta discusión con los gobiernos territoriales por el desconocimiento de los principales afectados, en este sentido el diputado Fabricio Cajina señaló que están abiertos a escuchar e incorporar las propuestas de la Costa.

 

"En principios es intención nuestra respetar el estatuto de autonomía… creo que toda concesión de la Costa Caribe debe ser aprobada por los Concejos Regionales" Dijo.

 

Milton Castrillo, especialista ambiental señaló que el anteproyecto tiene una serie de vacíos y no deja claro algunos términos como: Zona costera y sus dimensiones de hasta 300 metros de áreas restringidas, cuando las comunidades ocupan hasta menos de 60 metros de la Costa como el caso de Bluefields y Corn Island.

 

Yader Mendoza del Instituto de Recursos Naturales IREMADES URACCAN coincidió con Aragón al señalar que este concepto está basado para responder a objetivos políticos, no ecológicos como debería ser.

 

Por su parte la doctora Maria Luisa Acosta, asesora del gobierno territorial Indígena Rama dijo que las tierras indígenas no están en la negociación "sabemos que las playas son del estado… pero el problema es que el estado tiene un dominio soberano para regular y resguardar estas áreas… pero no tiene (dominio soberano) para apropiarse y adueñarse de las Costas" para usufructo y explotación comercial transnacional.

 

Zarifeth Bolaños, Vicerrectora de URACCAN dijo que esta discusión es oportuna para debatir sobre la necesaria plataforma jurídica para las zonas costeras en el marco del respeto de las tradiciones y cultura de las comunidades costeras, debido a que la economía de estos pueblos está basada en el uso y aprovechamiento de sus recursos pesqueros.

 

Perú: Pronunciamiento de Alto Amazonas

Perú: Pronunciamiento de Alto Amazonas

 

 

Recibido de María Victoria Eraso, corresponsal de Prensa Indígena.

Rebelión. Yurimaguas, 2 de febrero.- Organizaciones indígenas y campesinas de la provincia de Alto Amazonas y el DATEM del Marañón (Loreto).

 

Pronunciamiento:

 

Nosotros, representantes de los pueblos indígenas, ribereños y campesinos en general, ante la decisión del gobierno de imponer políticas, sistemas o modelos de desarrollo económico excluyente, destructor del medio ambiente, ignorando totalmente las condiciones sociales de los pueblos amazónicos y desconociendo el trato que se tiene que dar a este ecosistema, por la intención sistemática de expropiar o despojar de nuestros territorios a la población amazónica, bajos los proyectos de ley 840, 1770 y 1900, manifestamos a la opinión pública local, nacional e internacional:

 

1.- El actual régimen a nombre de la política de Reforma del Estado ha fusionado muchas entidades entre los cuales figura el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), que ha sido absorbido por COFOPRI, con la finalidad de limitar el derecho de nuestra gente a su tierra y territorio.

 

2.- Es evidente que COFOPRI cumpliendo las consignas del gobierno central, pretende titular solo áreas trabajadas por campesinos y recortar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio ancestral, sin considerar que el bosque también es parte de su actividad económica del presente y del futuro. La intención es dejar muchas áreas libres para subastar.

 

3.- Que la política excluyente de esta supuesta Reforma del Estado ha ido al extremo de convertir a la Amazonía en objeto de compra-venta al mejor postor, sin considerar a la población en sus necesidades y su visión de desarrollo.

 

4.- En la Amazonía tenemos más de 22 millones de hectáreas concesionadas a las empresas petroleras y 21 millones de hectáreas de bosques de producción permanente, de las cuales 7 millones de hectáreas han sido otorgadas en 584 contratos a empresas madereras, sobreponiéndose a los territorios de los pueblos indígenas y centros poblados ribereños.

 

5.- Además de estos procesos de concesiones se pretende ahora poner en venta la Amazonía definiéndola como "tierras eriazas", sin tener en cuenta que nuestro territorio está ocupado por una diversidad de pueblos originarios, quienes han manejado hasta hoy, de manera sostenible, el frágil ecosistema de la Amazonía durante milenios, muy diferente de la sierra y de la costa.

 

6.- Algunos gobiernos regionales, sin hacer los mínimos estudios de zonificación ecológica y económica aceptan el tipo de política entreguista del gobierno central que favorece a los grandes grupos de poder económico, dejando sin beneficio y excluyendo a su población.

 

7.- El gobierno regional de Loreto, antes de defender el derecho de sus ciudadanos a la tierra y territorio, viene categorizando a los centros poblados de su jurisdicción recortando sus territorios que por derecho ancestral les corresponde, sobrepasándose la normatividad legal vigente y ante el silencio cómplice de los gobiernos distritales y provinciales.

 

Por lo expuesto:

 

1.- Condenamos la indiferencia social de este gobierno por la contaminación causada por la explotación petrolera y minera, sobre todo en la zona del Corrientes-Tigre, Pastaza, Morona y Marañón. El gobierno es el gran responsable de las enfermedades de la población golpeada que sufre las consecuencias del envenenamiento de sus aguas con plomo y cadmio.

 

A esto se llama genocidio y los responsables tienen nombre y apellidos.

 

2.- Condenamos la situación de abandono y de pobreza en que se encuentran las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. Nos

preguntamos: ¿Dónde está el tan pregonado desarrollo que estas empresas ofrecen y que este gobierno auspicia y quiere imponer a como de lugar desoyendo la voz de sus ciudadanos?

 

3.- Rechazamos categóricamente los proyectos de ley arriba mencionados por ser atentatorios contra los derechos adquiridos del pueblo amazónico en su conjunto. Más aún cuando los tratados internacionales conexos a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas forman parte de los compromisos del Estado peruano.

 

4.- Expresamos nuestro rotundo no a proyectos de ley digitados desde fuera. No más concesiones forestales, petroleras y mineras sin consulta previa de buena fe a los pueblos indígenas y la población amazónica en general. No a la adjudicación arbitraria de tierras en contra de los intereses de la población local.

 

5.- Mientras perdure la arbitrariedad del gobierno regional de Loreto y COFOPRI, digitados desde el gobierno central, expresamos nuestro enérgico rechazo y advertimos a las autoridades centrales, regionales y locales la firme "decisión" de no reconocer las resoluciones que recortan el derecho al territorio y a la posesión.

 

6.- La Amazonía es nuestra, no del autor del perro del hortelano, ni mucho menos de los grandes consorcios económicos que pretenden ocupar nuestros territorios con la complicidad de este régimen.

 

Sepan todos: Nuestro bosque es nuestro banco, es nuestro mercado, es nuestro hospital, nuestro hogar… es nuestra vida.

 

Firman:

Representante de la Organización indígena CORPY, Representante de la Organización indígena AYDESEP, Representante de las Organizaciones Campesinas de Alto Amazonas, Representante Proyecto Defensa de Tierras, Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente de Yurimaguas, Radio Ucamara de Nauta, Radio La Voz de la Selva de Iquitos, Sindicato Unitario de los Trabajadores en las Educación de Alto Amazonas-SUTEAA, Movimiento Nueva Izquierda de Alto Amazonas

 

Paraguay no cumple sentencia de Corte sobre tierras indígenas

Paraguay no cumple sentencia de Corte sobre tierras indígenas

 

Los Tiempos.com EFE. San José. Cochabamba, Bolivia, 4 de febrero.- Representantes de la comunidad indígena Yakye Axa denunciaron hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Estado paraguayo no ha cumplido la sentencia en la que el tribunal le ordenó devolver tierras ancestrales.

 

Miembros del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representa a las víctimas, manifestaron hoy ante la Corte, en una audiencia privada, que el grado de incumplimiento de la sentencia es "considerable".

 

Según un comunicado de la organización, el Gobierno de Paraguay "no ha realizado gestiones eficaces para identificar y entregar el territorio tradicional de los miembros de la comunidad, obligación que debe concretarse a mediados del presente año".

 

En junio de 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, ordenó a Paraguay "identificar el territorio tradicional de los miembros de la comunidad indígena y entregárselo de manera gratuita" en un plazo máximo de tres años.

 

Según la sentencia, "mientras los miembros de la comunidad indígena Yakye Axa se encuentren sin tierras, el Estado deberá suministrarles los bienes y servicios básicos necesarios para su subsistencia". Con respecto a esta segunda orden, CEJIL aseguró que el "suministro de bienes y servicios básicos necesarios para la subsistencia de los indígenas ha sido insuficiente y esporádico".

 

Y sobre la creación de un fondo para la compra de las tierras, también ordenada por la Corte, CEJIL denunció "que no existe o tiene una existencia puramente formal" y agregó que tampoco se ha definido ningún programa de desarrollo comunal.

 

La comunidad Yakye Axa, integrada por unas 57 familias, recurrió ante la Corte por el acoso que sufren en sus tierras ancestrales, en el norte de Paraguay, por parte de los diferentes propietarios que a lo largo de los años controlaron las fincas que ocupan.

 

Los indígenas reclaman ante la Corte Interamericana desde 2001 la restitución de 14.000 hectáreas de tierras ancestrales, actualmente en poder de empresas agrícolas y propietarios particulares. En Paraguay existen al menos unos 85.000 indígenas de 17 etnias. Muchos de ellos han sido desplazados de sus tierras hacia la región oriental, la más poblada del país.

 

En esa zona, los indígenas son empleados como peones de fincas o bien sobreviven como mendigos, a pesar de que la Constitución paraguaya ampara sus derechos sobre esos terrenos. En agosto de 2006 el Estado reconoció públicamente la responsabilidad por la expulsión de los indígenas de sus tierras ancestrales, pero según CEJIL, aún no ha hecho pública la sentencia de la Corte.

 

En esa ocasión el Estado paraguayo se comprometió a promover "medidas administrativas, legislativas y de otra índole" para cumplir con el fallo de la Corte. La audiencia privada por este caso se llevó a cabo en el marco del LXXVIII Período Ordinario de Sesiones de la Corte, el cual se realiza del 28 de enero al 8 de febrero, en su sede, en Costa Rica.

 

La Corte Interamericana es un órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus sentencias son de acatamiento obligatorio para los Estados miembros

 

 

Chile: Corte valida polémica faena minera en "Las Vicuñas"

Chile: Corte valida polémica faena minera en "Las Vicuñas"

 

 

(Por Mauricio Silva)

 

Recibido de Hortencia Hidalgo Cáceres. Arica, 6 de febrero.- La Corte de Apelaciones validó la legalidad de la exploración minera que la sociedad contractual Vilacollo pretende realizar en la reserva nacional Las Vicuñas, declarada reserva mundial de la biósfera.

 

El tribunal consideró apegado a derecho que la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema) aprobara el proyecto aceptando sólo una declaración de impacto ambiental y no un más exigente estudio de impacto ambiental, piso mínimo exigido por 31 parlamentarios.

 

El tribunal de alzada ariqueño rechazó el recurso de protección interpuesto por los senadores Guido Girardi (PPD), Antonio Horvath

(RN) y Alejandro Navarro (PS), además de 28 diputados del PPD y del PS (sólo faltó el diputado por Arica Iván Paredes para completar la

bancada) y representantes de organizaciones indígenas y ecologistas.

 

A través del recurso, los parlamentarios planteaban que la actuación de julio pasado de la Corema, presidida por la entonces intendenta por Tarapacá Antonella Sciaraffia, violaba la ley de bases del medio ambiente y compromisos internacionales firmados por Chile sobre áreas silvestres protegidas.

 

El fallo, redactado por el ministro Javier Moya, estimó ajustado a derecho lo obrado al estimar que se trata de un área ya desafectada del parque nacional Lauca y que su rango de reserva natural no impide toda actividad económica, como lo contempla el Código de Minería.

 

De acuerdo con el fallo, la Corema era competente para resolver si al proyecto le bastaba una declaración de impacto ambiental. Se trata de tres sondajes para explorar reservas de oro sobre un área ya intervenida, por lo que la Corema estimó que no implica riesgos para la salud de la población.

 

En su oportunidad, la decisión de la Corema despertó una fuerte resistencia ecologista e incluso las críticas de la ministra de Medio Ambiente, Ana Uriarte. El fallo fue apelado por los recurrentes a la Corte Suprema